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Hay que reducir el bogocentrismo a sus justas proporciones

Geográficamente, el poder se distribuye de manera muy desigual en Colombia y Bogotá es un caso extremo. Aparte del gobierno del Distrito Capital, de por sí enorme en funcionarios y presupuesto, en la ciudad se asientan: el gobierno nacional -con su constelación de entidades adscritas, empresas comerciales, organismos de control, etc.- y el de Cundinamarca (aunque técnicamente la ciudad no pertenece al departamento), las principales empresas y medios de comunicación, las universidades más reconocidas, y prácticamente todos los partidos políticos, agremiaciones y sociedades de profesionales del país. También la Conferencia Episcopal, los organismos multilaterales y las principales ONG.

El término bogocentrismo se acuñó para describir esta situación y sus consecuencias políticas, económicas, incluso culturales, para el resto del país: al centralismo bogotano se le atribuye prácticamente todo problema social regional –la desnutrición infantil en la Guajira o los paros en el Pacífico, para citar solo dos muy recientes. Está claro que las regiones (unas más que otras) resultan perjudicadas por el bogocentrismo, pero es un error pensar que a Bogotá solo le trae beneficios. Considero, además, que a él se le deben buena parte de los problemas que hoy se atribuyen a la polarización y la posverdad en la política bogotana.

Todos los caminos se cruzan en Bogotá

Cada organización de las arriba mencionadas, y los individuos que pertenecen a ellas, persiguen intereses distintos y (casi siempre) legítimos, pero sobrepuestos, contrapuestos o excluyentes. Con los ámbitos –económicos, geográficos, etc.- en que se despliegan esos intereses ocurre lo mismo. A todos les urge lo que sea que les provee Bogotá (no hay que olvidar que tiene el 25% del PIB y el 16% de la población del país) y les afecta cualquier decisión de la administración distrital: necesitan influir sobre tales decisiones. Con tantos actores con tanto que ganar y perder, son inevitables los conflictos -entre ellos y con la administración. Podría decirse que es la situación inversa al abandono del que suelen quejarse las regiones, un exceso de atención.

Un ejemplo claro fue el choque entre el alcalde Gustavo Petro y el ministro de Vivienda (después vicepresidente) Germán Vargas, por los programas de vivienda de interés social en Bogotá; ambos con la ambición de llegar a la Casa de Nariño en el futuro cercano, y con la certeza de necesitar a los votantes y al establecimiento bogotanos para conseguirlo. Enfrentamiento en el que terminaron involucrados grandes empresarios, gremios, altos tribunales, periodistas, organismos de control, etc., y que en buena medida definió la administración Petro. El “partido de vuelta” se jugó en las elecciones de 2015, en las que el vicepresidente se empleó a fondo para apoyar a su candidato, Enrique Peñalosa, que resultó elegido alcalde. Por consiguiente este último, aparte de su agenda “local” –de por sí amplia-, deberá ejecutar la de su mentor y sus aliados departamentales y nacionales, con previsibles nuevos conflictos.

Como los principales formadores de opinión en prensa, radio y televisión están en Bogotá, las noticias son tratadas de forma distinta -cualitativa y cuantitativamente- según si ocurren en la ciudad o no. Todos esos conflictos (y en general cualquier problema local) reciben una atención mediática excesiva, por lo cual la opinión pública termina por formarse una imagen distorsionada y negativa de la ciudad. Y no solo quienes viven fuera, sino los mismos bogotanos. Esto se refleja en bajas cifras de favorabilidad y pérdida de gobernabilidad de la administración, que son rápidamente aprovechadas por otros.

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Sea que esta condición se considere causa o solo agravante de la alta inestabilidad política de la ciudad, quiero especular con posibles maneras de abordarlo.

Una alternativa sería apartar ciertos intereses políticos de la ciudad. Por ejemplo, moviendo la capital nacional: ¿qué tal trasladar Ejecutivo, Congreso y Altas Cortes, digamos, a Buenaventura? Toda una reafirmación de la apertura al Lejano Oriente y del compromiso con los habitantes del Pacífico colombiano que repiten nuestros gobernantes hace décadas pero nunca materializan. El traslado de la capital departamental tendría un menor efecto, pero suena menos utópico. Mantener a Bogotá como capital significa que Cundinamarca gasta unos recursos importantes fuera de su territorio, algo por lo que deberían protestar sus mismos ciudadanos, más que los capitalinos.

Otra alternativa, más realista, sería promover una mejor y más constructiva concertación entre poderes. Por ejemplo, involucrando más al sector privado en el gobierno de la ciudad: entidades privadas sin ánimo de lucro del tipo de ProBogotá y Bogotá Cómo Vamos visibilizan e institucionalizan unas influencias que normalmente se dan por debajo de la mesa. Por otra parte, una segunda vuelta en la elección del alcalde obligaría a unos acuerdos entre partidos políticos para los que hoy no hay ningún incentivo. Y la creación de un área metropolitana con los municipios aledaños tendría sentido no solo en lo urbanístico y lo administrativo, sino en lo político. En todo caso, eso de “mejor y más constructiva” está lejos de “fácil”: cualquier cambio en las reglas de juego implica redistribuir el poder, y muchos no estarán dispuestos a ceder tanto apenas para conseguir algo de gobernabilidad.

Probablemente los primero que deberían aclarar su posición al respecto sean quienes aspiren a cargos de elección popular, en la ciudad y el departamento. En un medio en el que los políticos acostumbran hablar de lo urgente para evadir lo importante, estos temas deberían entrar en las campañas políticas. Lamentablemente eso no va a ocurrir por iniciativa de los candidatos -cualquier paso en falso puede hacerles perder votos, aliados y/o financiación-, ni de los mayores medios de comunicación –no hay escándalos ni titulares de por medio. Tal vez los mismos ciudadanos, si logran sustraerse del ruido diario de la política bogotana, puedan hacerlos cantar.

Polipolis

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