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Sin ventas ambulantes no hay recuperación del espacio público

La fijación del alcalde Enrique Peñalosa con la prohibición de las ventas ambulantes, y el drama social que ésta desencadena, están suficientemente ilustrados en los medios de comunicación nacionales. El asunto se ha planteado como un conflicto entre el derecho al trabajo y el derecho al espacio público, cuestión que define los bandos, sus discursos y sus acciones. No hace falta repetir el inventario, así que paso directamente a la tesis: las ventas ambulantes son claves para la vida urbana de Bogotá, y a nadie –ciudadanía, sector privado, ni al mismo alcalde- le conviene eliminarlas. Me explico:

Las ventas ambulantes son esenciales para la economía de la ciudad

Por su naturaleza informal es difícil tener datos económicos fiables, pero se pueden estimar: si hay casi 50.000 personas dedicadas a la actividad (fuente: Alcaldía) y al mes cada una vende entre 3 y 5 SMMLV (fuente: sondeo personal sin pretensiones estadísticas), serían unos $2 billones anuales. Millones más o menos, a eso ascendieron en 2016 las ventas de carros particulares nuevos en la ciudad. Aunque es innegable que muchos de esos venteros distribuyen contrabando o piratería, son más los que comercian productos industriales y agrícolas locales. Y por sus condiciones de precio y oportunidad, son transacciones no trasladables al comercio formal: si se sustraen del espacio público sencillamente dejan de ocurrir, con el correspondiente perjuicio al conjunto de la economía.

Las ventas ambulantes activan el espacio público

Voy a utilizar un ejemplo que puede resultarles odioso a los puristas del espacio público. Hace años, los centros comerciales empezaron a ocupar su “espacio público” (los corredores) con unos pequeños locales tipo isla; la idea no iba más allá de tener unos ingresos adicionales para aliviar los costos de administración, pero pronto quedó claro que había mejoras en el número de visitantes y su tiempo de permanencia. Aparentemente los clientes prefieren las circulaciones concurridas, con algo de congestión visual y de tránsito, a los corredores vacíos: esos no invitan tanto a mirar las vitrinas, comprar o reunirse, sino a irse. Para los diseñadores, la cuestión no es si hacer o no las islas –ya no hay centros comerciales sin ellas-, sino cómo: la cantidad, ubicación y tamaño justos, que eviten perder clientes o provocar conflictos con los locales tradicionales. No es difícil establecer una analogía entre esos centros comerciales y el espacio público urbano.

Está claro que la proliferación indiscriminada de ventas ambulantes es perjudicial para la ciudad. Los que caminamos por San Victorino, la calle 19 o la carrera 13 en los ochenta sabemos que la cosa no es por ahí, pero tampoco es con espacios públicos tipo Pyongyang, amplios, impolutos… y solos.

Las ventas ambulantes hacen parte de nuestra cultura urbana

Una actividad económica de las dimensiones señaladas no se puede explicar solo por la falta de control institucional sobre el espacio público o por las mafias de intermediarios: requiere de una aceptación colectiva amplia y permanente. No es una de esas costumbres autodestructivas -de las que también tenemos muchas-, sino una forma de habitar la ciudad, compartida por la mayoría de la población pero resistida por el establecimiento. Hace parte de un conjunto de fenómenos de cultura urbana relacionados con el comercio, tan locales que ni siquiera reparamos en ellos, como las panaderías de barrio, los restaurantes a las afueras o las droguerías con servicio a domicilio. No se trata de declarar patrimonio inmaterial el cigarrillo suelto o el pan de $100, sino de considerar con más cuidado los costos de extirpar las ventas ambulantes y la bajísima probabilidad de lograrlo.

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Los desalojos policiales masivos de venteros son tan anacrónicos como sus invasiones indiscriminadas de espacios públicos. Ambos hablan de una ciudad que sigue atada a discursos políticos y urbanísticos del siglo pasado, y ambos acarrean altos costos: en términos de gobernabilidad y popularidad para el gobierno de turno, de ingresos y seguridad para los vendedores. Implícitamente, los bandos mencionados asumen que la cuestión es de suma cero: un avance en la posición de uno conllevaría un retroceso igual en la del otro. Pero el escenario “buen espacio público con vendedores ambulantes” no solo es posible sino prometedor, en distintos frentes. Ojalá el alcalde estuviera dispuesto siquiera a un pequeño experimento piloto al respecto. Si, como afirma a menudo, su prioridad son los peatones, por ahí podría empezar una verdadera recuperación del espacio público en Bogotá.

Polipolis

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